El 30 de diciembre se aprobaron en el primer Consejo de Ministros del nuevo gobierno español dos reglamentos relacionados con la industria cultural. Por un lado, el Partido Popular anunciaba que el cobro del impuesto a autores y creadores, conocido como Canon Digital, pasaría a ser responsabilidad del estado. Es decir, desde el día 1 de enero, ningún español debería de pagar, en la compra de cualquier sistema de almacenamiento digital, ni un sólo céntimo en concepto de compensación, ya que será el estado quien lo haga.
Hasta ahora, los fabricantes sumaban a sus precios dicho impuesto y luego ellos pagaban a las entidades de gestión. Pero ahora... ¿veremos los precios reducidos? ¿se eliminará el canon de dichos dispositivos?
El otro reglamente aprobado ha sido la polémica Ley Sinde, con la que el estado da vía libre a la creación de una entidad de gestión, que tramitará el cierre y bloqueo de páginas de enlaces a descargas, cuando un autor, creador o distribuidor de contenidos lo demande.
Dos marcos regulatorios importantes en la nueva sociedad digital y de consumo que, a falta de detallarse su implementación, dejan un sabor agridulce a los ciudadanos. Ahora las preguntas y las dudas son...
- ¿Cuánto dinero pagará el estado y quien auditará las compensaciones?
- Si los fabricantes englosaban el CANON en sus productos... ¿Veremos una bajada real de estos o seguirán cobrándolo?
- ¿Cuándo empezarán a cerrar páginas web?
- ¿Qué criterios seguirán?
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