El Congreso de los Diputados votó a favor, ayer mismo, la moción que presentó el PP para que sólo un juez adopte medidas sobre el cierre de páginas web de descargas o que puedan estar infringiendo la Ley de Propiedad Intelectual.
Todos los grupos políticos apoyaron la moción, incluido el PSOE, quien recordamos fue el que tomó la iniciativa de crear una comisión que pudiera realizar estos cierres a criterio propio y sin la intervención del poder judicial.
Según José Maria Lasalle, portavoz de Cultura en el Congreso, la redacción del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible (LES) era inadecuada y poco garantista con la Constitución.
El PP demanda en su moción que el Gobierno impulse un escenario de seguridad jurídica en Internet. Es decir, que haya un equilibrio entre la protección de los derechos de propiedad intelectual y los derechos fundamentales de los ciudadanos, respetando la presunción de inocencia y una tutela judicial efectiva. Además, deberá garantizarse que sólo la autoridad judicial podrá adoptar medidas que supongan la interrupción o restricción del servicio o la retirada de contenidos.
Desde algunos grupos, se acusa al PP de intentar sacar partido electoral de una situación bastante polémica y que cuenta con millones de detractores. Aún siendo así (que lo será), creo que por primera vez las tretas de los políticos y el poder de la oposición consigue reportarnos beneficios a los ciudadanos.
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