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El Gobierno de España crea la Comisión de Propiedad Intelectual o Policía de Internet como algunos ya la llaman.
Comisión de Propiedad Intelectual, ese es el nombre del nuevo órgano formado por ''expertos independientes'' que se encargarán de vigilar la red, y asegurar que no se cometen infracciones sobre la distribución de contenidos con derechos de autor, de forma ilegal.
La nueva Comisión de Propiedad Intelectual o Policía de Internet, como algunos ya la llaman, operará a nivel nacional y dispondrá de poderes que les permitirá bloquear páginas web y conexiones a Internet, a aquellos que alojen o faciliten enlaces de descarga a copias ilegales de contenidos sujetos a derechos como películas, música o juegos.
La Policía de Internet podrá ordenar el cierre de este tipo de web sin necesidad de estar autorizados por un juez, es decir, su juicio será la única herramienta que les otorgue el poder de cerrar portales con enlaces a archivos de descarga con derechos de autor.
En un principio, todo parece estar dentro del margen de la legalidad, aunque si profundizamos un poco, vemos como la Comisión de Propiedad Intelectual podría operar en contra de muchas sentencias, en las que se ha concluido que el ofrecer enlaces a archivos ilegales no implica cometer una infracción, sino que es culpable el que aloja dichos contenidos. Hablamos de portales de alojamiento como los que todos conocemos y operan en la red sin ningún tipo de control.
Como ciudadano, también tengo derecho a opinar, y mi ética me dice que el Gobierno vuelve a pasar por alto a los ciudadanos para favorecer a unos pocos que no saben adaptar su mercado (ya obsoleto) a las nuevas plataformas y tiempos.
El quinto punto de la enmienda creada por el Gobierno (corte sin orden judicial), sobrepone los derechos de autor a los derechos fundamentales de las personas como a ser juzgado, poder defenderse o respetar la presunción de inocencia.
No apoyo la piratería, pero si me niego a aceptar que se implanten regímenes totalitarios en Internet, en los que una serie de políticos decidan lo que está bien o no, sin el control del poder judicial, algo que como ya hemos visto en otras situaciones (SITEL), vulnera por completo la privacidad de los ciudadanos y por tanto, sus derechos.
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