Mucho ruido es el que está generando el fenómeno Hadopi y las últimas avanzadas de la CE junto a las sociedades de derechos de autor, pero en España, todo esto se traduce de forma distinta a la de otros países de la Comunidad Europea.
Ángeles González Sinde, Ministra de Cultura, no cree en la desconexión de Internet a los usuarios que descarguen contenidos ilegales (con derechos de autor), sino que ve más bien, cree que el castigo debería ser un reducción de velocidad de conexión, lo que realmente haría imposible la descarga de dichos contenidos.
Sabemos que la Coalición de autores presiona al Gobierno para que además de cerrar las páginas web de enlaces P2P, corten el servicio de Internet a aquellos usuarios que descarguen contenidos protegidos de forma ilegal, pero desde el Gobierno, creen que Internet no sólo es un derecho, sino que también es casi una obligación.
Lourdes Muñoz, Responsable de la Sociedad de la Información del PSOE, explicó que la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información garantiza que sólo se puede restringir una web con previa autorización judicial en cuatro casos: Protección contra el menor, Salud pública, Seguridad Nacional y Discriminación de la persona, y el P2P no se puede englobar en ninguna de esas excepciones.
''En nuestro país, ni se puede bloquear Internet sin autorización judicial, ni se puede cortar el suministro a usuarios, ni se va a cambiar la ley para que sea posible'', añadió Muñoz.
Por otra parte, y siguiendo con la idea general del Gobierno, la única medida que contempla González Sinde, es la reducción de velocidad de conexión a Internet, pero para ello, son los operadores los que tienen que identificar a los usuarios que utilicen el P2P, pues éstos, son los únicos que pueden detectar tal tráfico; la verdad es que no se muestran muy voluntariosos para ésta tarea.
¿Qué crees que deberían de hacer?
Fuente |
